El ambiente era inflamable y la chispa ha saltado. Los trabajadores
de la sanidad, la educación, los jueces, los activistas
antidesahucios... La duración y profundidad de la crisis económica ha
empujado a miles de ciudadanos a tomar la calle y muchos están
convencidos ahora de que la protesta sí que sirve. La insistencia de los
profesionales de la medicina ha logrado que la Comunidad de Madrid haya
aceptado repensar su plan de transformar el hospital de La Princesa en un centro para mayores, mientras cientos de personas han paralizado decenas de desahucios y han pasado por encima de la banca para cambiar algunas reglas. La protesta, según los expertos, va a ir a más.
Si hace unos meses los ciudadanos se mostraban
indignados pero no acababan de movilizarse, ahora han despertado del
todo. La chispa está saltando por sectores, afirma José Félix Tezanos.
Este catedrático de Sociología de la Uned
ya vaticinaba en abril de 2011 en este mismo periódico lo que estaba
por llegar: había un caldo de cultivo de paro, falta de expectativas y
recortes (que empezaron con el anterior Gobierno socialista en 2010) que
podía estallar en cualquier momento. Y así ha sido. Una novedad de
estos conflictos es su transversalidad; en las protestas de los médicos,
hay jefes de servicio, residentes, pacientes, votantes del PP y del
PSOE, añade. Pero también son un cóctel explosivo, porque se trata de un
movimiento social cada vez más indignado que se enfrenta a un poder
político cada vez menos representativo, advierte.
El punto de inflexión, esa chispa, saltó con el 15-M,
a partir de la ocupación de la Puerta del Sol de Madrid el 15 de mayo
de 2011 en torno a un difuso pero contundente sentimiento de indignación
por el deterioro económico y social, afirman la directora del
Laboratorio de la Fundación Alternativas, Belén Barreiro, y el profesor de Sociología de la Carlos III de Madrid
Daniel Kaplún. Aquello, aparte de devenir en movimientos tan
importantes y exitosos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
sirvió como una toma de conciencia de que para mejorar las cosas ya no
servían los cauces institucionales, según Kaplún.
Aquel movimiento desde las bases, que ha desbordado a
las instituciones tradicionales como los sindicatos y los partidos de
izquierda que solo han podido sumarse a remolque, ha ido creciendo y
organizándose en diferentes áreas, con la legitimidad que le da la
gente, es decir, esas amplias bases, añade el profesor.
Un ejemplo es la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid
(Afem), creada hace unos meses por un grupo de médicos y que ya ha
conseguido capitanear las protestas contra los planes de la Comunidad de
pasar a la gestión privada un buen número de hospitales públicos de la
región: su huelga indefinida la siguen un 30% de facultativos, según la
Consejería de Sanidad. Surgió por el sentimiento de desencanto desde la
base de la sociedad y de los profesionales; sentíamos que no estábamos
siendo representados ni por los sindicatos ni por las asociaciones,
cuenta el presidente de Afem, el neurocirujano del 12 de Octubre Pedro
González. El 15-M señaló el descontento del pueblo, pero creemos que los
profesionales tenemos que ir un poco más allá, dar soluciones, decir
que hay alternativas que podemos poner en práctica para mejorar las
cosas sin que sea excesivamente gravoso para la sociedad, dice González.
Belén Barreiro apunta que, si el 15-M señaló el
camino, el deterioro social y económico ha ido abriendo cada vez más
frentes. La sociedad está peor que hace un año y medio, y los recortes
van tocando cada vez más palos, hasta los pilares intocables, afirma
esta doctora en Ciencia Política y Sociología. Barreiro se refiere a las
bases del Estado del bienestar, la sanidad, la educación y las
pensiones (no incluye la dependencia, dice, porque la sociedad aún no lo
ha interiorizado), bienes a defender por la izquierda, pero también por
amplios sectores de una derecha católica con fuerte sentido de la
solidaridad.
Después de cinco años de crisis económica, la
situación es insostenible cada vez para más gente. La tasa de desempleo
ha pasado del 21% de hace un año al 25%, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Por primera vez en 25 años se ha superado
la barrera de los dos millones de parados sin ninguna prestación. Cerca
de 1,7 millones de hogares tiene todos sus miembros en paro, 312.700
más que hace un año. Los pensionistas se han convertido en el sustento
principal de miles de hogares, pero la ayuda de los parientes como
colchón de seguridad económica empieza a agotarse, coinciden los
especialistas. Y los jubilados tienen que hacer frente a cada vez más
gastos, como el copago de los fármacos.
El Gobierno ha subido el impuesto de la renta y el
IVA. También son más caras las tasas universitarias, las guarderías, hay
menos becas, menos profesores, más recortes en sanidad, entre los
funcionarios, los servicios sociales o la justicia. Estamos en la
segunda fase de ajuste de la crisis. El grueso del ajuste necesario para
reducir el déficit presupuestario se ha completado, pero ahora nos
queda una purga por exceso de tamaño en el sector público, afirma Sara
Baliña, economista de Analistas Financieros Internacionales.
Estas medidas generan mucho malestar porque tienen una repercusión más
directa, añade. ¿Hemos pasado lo peor? Espero que sí, pero no creemos
que la situación económica, tanto en términos de producto interior bruto
como de empleo, se empiece a normalizar hasta final de 2013. La crisis
va para largo.
El suicidio de Amaya Egaña, de 53 años, cuando iba a
ser desahuciada de su vivienda a principios de noviembre en Barakaldo,
se ha convertido en uno de los símbolos de la desesperación
creciente de la sociedad. Poco después, el Gobierno decretó una
moratoria de dos años para algunos casos muy concretos de desalojos por
impago de la hipoteca. El decreto contra los desahucios es insuficiente y
deja a mucha gente fuera, pero es una pequeña victoria y por eso la
gente confía en nosotros, explica Adrià Alemany, de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, gran defensor de los actos de desobediencia civil.
A través de esta asociación y del movimiento Stop Desahucios
se han logrado paralizar cerca de 500 desalojos. Son esas pequeñas
batallas las que abren otro horizonte de posibilidades. En 2009, cuando
nació nuestra organización, dábamos gritos en el desierto; desde hace
unos meses, somos un clamor popular. Se han conseguido cosas y la gente
se ha dado cuenta de que protestar sí sirve para cambiar las cosas,
remata.
La irrupción de los jueces, desde los más
progresistas hasta los más conservadores, en contra de los abusos
cometidos en los desalojos ha supuesto otro avance. En un gesto poco
habitual, el gremio denunció hace unas semanas la indefensión que viven
los afectados, ya que el juez no puede decidir si el impago se produce
por motivos justificados o no. Poco después, los jueces han arremetido,
junto a fiscales y abogados, contra las nuevas tasas judiciales, porque
creen que perjudican al ciudadano. No se nos puede quitar carga de
trabajo a costa de reducir la capacidad del ciudadano de acceder a la
justicia, explica Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.
Las tasas y los desahucios han sacado a los jueces de su mundo, añade
el juez. Con la crisis cada vez se veían más desalojos en los juzgados y
la indefensión de los demandados frente a las entidades, prosigue.
Estas quejas se enmarcan, además, en un momento muy tenso entre el poder
judicial y el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha ampliado los recortes y ha congelado las plazas judiciales pese a que los juzgados están totalmente congestionados.
Así, un día y otro día se van sumando sectores a la
protesta (colectivos de discapacitados han organizado una gran protesta
en Madrid para el domingo por los impagos de las administraciones
autonómicas y locales) y los que vienen de más lejos resurgen
continuamente. Uno de ellos es el educativo, que ha sufrido recortes de
varios miles de millones de euros en 2010, y que, tras muchos meses de
protestas dispersas como respuesta a los recortes puntuales de las
comunidades, un decreto del Gobierno en abril para recortar más de 3.000
millones en educación consiguió unir la protesta y darle más
visibilidad.
En Madrid, ya desde mediados de 2011, fueron las
ansias movilizadoras de los profesores de base las que empujaron unas
protestas que desembocaron en el movimiento que más tarde se ha llamado
la marea verde. Esta es la que dio la idea de las mareas en la
manifestación que reunió en Madrid a decenas de miles de personas contra
los recortes el pasado 15 de septiembre. La blanca era la de sanidad;
la violeta, la de igualdad; la naranja, servicios sociales; la negra,
los servicios públicos, los funcionarios. Los convocantes de esa marcha,
230 colectivos, quizá sean la expresión más clara de esa movilización
social en que hoy por hoy se mezclan y amontonan sindicatos, grupos
políticos y asociaciones clásicas y recién creadas de todo tipo y
condición.
Aparte de la velocidad y amplitud de los recortes Hay
una clase media que se está depauperando a una velocidad de vértigo, y
aumentan las desigualdades a la misma velocidad, ya no queda nadie ajeno
el profesor Kaplún también apunta al descontento porque no se están
repartiendo las pérdidas: unos pocos siguen ganado cada vez más mientras
la mayoría es cada vez más pobre, y con un sistema político que parece
maniatado por los intereses económicos: Cada vez es más descarado el
contraste entre el rescate a la banca y los recortes, señala. Barreiro
habla también de la frustración de muchos de los que votaron al PP
convencidos de que tenía la llave para salir de la crisis, pero se han
encontrado que las cosas no están mejor, sino que han empeorado.
Todo ello aumenta la movilización, y lo hará todavía
más si, como parece, empieza a dar frutos, como en el caso de los
desahucios. A medida que la crisis va afectando a más factores, la gente
es más consciente de que puede hacer cosas y la resignación deja de ser
una opción, opina Jordi Mir, del Centro de Estudios de Movimientos
Sociales de la Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona. La situación se ha ido agudizando porque no hay elementos
que nos hagan pensar que esto vaya a mejorar; la democracia
representativa está fallando, y la movilización recluta a sectores de la
población tradicionalmente menos activos, tanto jóvenes como adultos,
añade. De momento, se cuestiona la legalidad, pero no hay un
enfrentamiento violento; las protestas son pacíficas, dice.
La crisis de los partidos es uno de los elementos que
está detrás de estas protestas de base. La pérdida de apoyos
electorales potenciales del PP está siendo rápida y contundente, hasta
el punto que en estos momentos el PP solo mantiene la lealtad del 56% de
los que le votaron hace solo un año, según los datos recogidos por José
Félix Tezanos en el último número de la revista Temas. Y la principal
novedad es que el retroceso en el partido de gobierno no se traduce en
un ascenso del principal partido de la oposición.
Al sociólogo de la Uned le inquieta la situación
actual, cuyo desenlace ve imprevisible. Vamos hacia una época de grandes
conflictos y de pérdida de peso de los partidos políticos, advierte. La
sociedad occidental tiene que pensar que la estabilidad no está
garantizada, considera. Tezanos advierte que los partidos deben hacer
frente a esta situación o nos enfrentamos a sociedades inviables, en las
que el descontento es difícilmente canalizable, lo que deja abierta la
puerta al ascenso de los movimientos extremistas y populistas. Y si el
Gobierno considera que se trata de un problema de orden público y saca a
los antidisturbios, un movimiento pacífico como el actual puede
volverse violento.
Todos los expertos coinciden: las movilizaciones van a
ir a más. Esto no se va a agotar en reivindicar lo que había, la vuelta
atrás es imposible; esto va a devenir en un nuevo modelo de sociedad,
que no sé cuál será, pero creo que hay solo dos salidas, por la
ultraderecha o por la izquierda, augura.
ELPAIS.com
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